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¿Adiós al IPC como referencia para las negociaciones salariales?

¿Adiós al IPC como referencia para las negociaciones salariales?

Si observamos la gran mayoría de las negociaciones salariales realizadas alrededor del cierre del pasado año con un índice de precios al consumo cercano al 3% en crecimiento, vamos a poder dibujar un panorama en el que ya, la tradicional vinculación en las negociaciones colectivas del crecimiento del IPC con los salarios queda aparcada.

Este hecho viene derivado lógicamente de las negociaciones a la baja en las que la prevalencia del puesto de trabajo, la pervivencia del entorno laboral, pesaba más que la pérdida de poder adquisitivo, y esto, ya no es exclusivamente un punto de vista temporal, de hecho, la actual reforma planteada para las pensiones de jubilación, desvinculara definitivamente el índice de precios al consumo del cálculo de las presiones, que pasará a calcularse a partir una fórmula concreta, pero, más allá, en los planes actuales del gobierno también figura la emisión de una ley que avale la desvinculación de los precios y servicios públicos de dicho índice, lo que de facto, también limitará el poder adquisitivo de quienes ofrecen servicios y prestaciones a la administración.

En el fondo la eliminación de la dependencia de la inflación a la hora de las negociaciones de convenios era una vieja aspiración ya propugnada por diferentes sectores económicos de nuestro país, incluyendo el propio Banco de España, una aspiración que en medio de la política de austeridad y recortes encuentra eco en el actual gobierno que se decide a impulsar esta separación que, hace tan sólo 4 o 5 años, y habida cuenta del período histórico de dependencia del índice para los cálculos de las negociaciones, puede sino prácticamente impensable.

¿Cuál va a ser el efecto inmediato de esta desvinculación? Según el gobierno en general un ahorro más que notable para las arcas del estado a partir de un sistema, se afirma, más justo de cálculo. Sin embargo una segunda lectura apunta en la dirección de la retirada casi sistemática de la posibilidad negociadora de las rentas bajas, así como una pérdida de poder adquisitivo a medio plazo que, en el caso de las pensiones, no se compensa ni siquiera con esa política de máximos y mínimos aún vinculada al IPC que se pretende implantar.

 

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